México, 26 Ago (Notimex).- El Estado mexicano recuperó la isla conocida como Tizikipal, Tizipal o Ziquipal, ubicada frente a costas de Quintana Roo, luego de que le negó un amparo al ex legislador, Gastón Alegre López, quien la reclamaba como de su propiedad.
La isla, que tiene una superficie de 91 mil 803 metros cuadrados era reclamada por el también empresario, que exhibió una escritura pública que lo acreditaba como dueño de la misma, propiedad que se encuentra en una zona de reserva ecológica.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo a Gastón Alegre y confirmó sentencias emitidas por tribunales federales en las que se determinó que la isla es propiedad de la nación.
Las secretarÃas de Gobernación, Medio Ambiente, de la Función Pública y la ProcuradurÃa General de la República (PGR) impugnaron el tÃtulo de propiedad expedido a favor del ex funcionario, el que fue declarado nulo por los tribunales de Circuito.
La Sala expuso que el decreto del 24 de noviembre de 1902 acerca de la delimitación de Quintana Roo, precisa que se encuentra referida de forma estricta al terreno continental.
Detalló que no abarca los zócalos submarinos de las islas, de los cayos, arrecifes y demás territorio son propiedad de la federación, en concordancia con el artÃculo 48 de la Constitución.
Adriana Varillas, Corresponsal
El Universal
Cancún, Quintana Roo Viernes 28 de agosto de 2009
00:04 La coordinación regional de la Comisión Nacional de Ãreas Naturales Protegidas (Conanp) se declaró lista para tomar posesión de Cayo Tziquipal, ubicado dentro de un área natural protegida denominada Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, en Quintana Roo, luego de que concluyó el litigio sostenido con el empresario Gastón Alegre López, quien se asumÃa como dueño del islote.
Entre las primeras acciones de la Conanp está el diagnóstico de la situación y estado que guarda el cayo, cuya superficie alcanza 91 mil 803 metros cuadrados y se ubica en la BahÃa del EspÃritu Santo, en la zona de Punta Herrero, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, indicó Alfredo Arellano Guillermo, coordinador regional del órgano.
El funcionario se dijo satisfecho ante la resolución tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el miércoles negó el amparo promovido por el también ex legislador y ex funcionario Alegre, contra la nulidad de los tÃtulos de sesión de derechos con que se ostentaba como dueño de esos terrenos nacionales, de forma perpetua.
“Estamos contentos, porque se hizo justicia”, expresó Arrellano Guillermo, quien –no obstante– informó que el caso de Cayo Tziquipal se repite en otros puntos del estado, como Cayo Culebra y Cayo Venado, este último en la bahÃa de Chetumal.
Ambos sitios son comercializados vÃa internet por particulares que se dicen propietarios, mencionó.
El entrevistado narró que Alegre López logró hacerse de cayo Tziquipal a través de una sesión de derechos que firmó a su favor Anastasio Hoil, conocido como “Don Tachito” (ya fallecido), quien aseguraba poseer un cargo vitalicio como delegado municipal, en Punta Herrero.
“Don Tachito era un señor que llegabas y te tomabas unas cervezas y te vendÃa terrenos. Él tuvo una concesión de zona federal en el cayo y hubo una aparente transacción”, detalló.
Dueño de una estación de cobertura estatal, “Don Gastón”, como se le conoce aquÃ, fue sancionado en el 2001 por la ProcuradurÃa Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que le impuso una multa de 161 mil 460 pesos, equivalentes a 4 mil dÃas de salario mÃnimo, vigente –en esa época– en el Distrito Federal.
El empresario desmontó 4.5 hectáreas de manglares y dragó una laguna ubicada en el islote, para abrir un canal de 250 metros lineales.
Esta denuncia propició una investigación sobre cómo un particular se apropió de un cayo, ya que éstos son propiedad de la nación.
Alegre López demostró la titularidad del cayo –de por vida– a través de una “adjudicación Ad Perpetua”, que le otorgó un juez mixto de primera instancia local, la cual no es competente para resolver sobre propiedades federales.
Además consiguió de un notario que inscribieran el cayo en el Registro Público de la Propiedad, como suyo.
“Hubo ahà una invasión de competencia en todo el proceso. Los cayos son propiedad de la Federación, de acuerdo con la Ley de Bienes Nacionales, que establece que son inembargables e inalienables.
“El caso del señor Alegre es sólo un ejemplo de todo lo que sucede en Quintana Roo; es muy común encontrar adjudicaciones que jueces locales, emiten a particulares en terrenos federales”, subrayó.
Diversas secretarÃas de estado interpusieron un recurso de nulidad de la sesión de terrenos que favorecÃa al ex legislador, pues aquello constituÃa un despojo a la nación; un Tribunal les concedió la razón. Alegre López buscó el amparo de la Corte, quien se lo denegó el miércoles pasado.
“Pero ya perdió el caso y no se puede hacer para ningún lado”, agregó Arellano Guillermo.
Al respecto, el empresario dijo desconocer la resolución de la Corte y atribuyó el conflicto a problemas de jurisdicción entre el gobierno federal y el estado.
Carlos Avilés
El Universal
Jueves 27 de agosto de 2009
caviles@eluniversal.com.mx
El gobierno federal ganó un juicio en el que estaba en litigio la propiedad de una isla, con una superficie de 91 mil 803 metros cuadrados, ubicada en las costas de Quintana Roo.
La propiedad de la isla Tizikipal, Tizipal o Ziquipal, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, era reclamada por el empresario, ex legislador y ex funcionario local Gastón Alegre López.
El empresario contaba con una escritura pública que lo acreditaba como dueño de la propiedad, en la que se afirmaba que se le habÃan cedido los derechos de la isla desde 1943, cuando Quintana Roo todavÃa no era considerado un estado sino un territorio federal.
Con base en dicha cesión de derechos, Gastón Alegre logró que un juez local, en 1998, le acreditara “la posesión pacÃfica, continua, pública e ininterrumpida de la isla de Tzipalâ€, localizada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.
En respuesta a dicha decisión, las secretarÃas de Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Función Pública, además de la PGR, promovieron un juicio ordinario civil federal para que se declarara la nulidad de la escritura pública que se le habÃa otorgado al empresario.
Las demandas del gobierno federal prosperaron. Primero un juez federal y después un Tribunal Unitario anularon la escritura y todas las actuaciones que acreditaban a Gastón Alegre como dueño de la isla.
Como última opción, para tratar de revertir los fallos en su contra, el empresario solicitó un amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde los ministros rechazaron protegerlo.
La Corte emitió esta decisión al interpretar el artÃculo 48 de la Constitución que dispone que las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, y demás, dependerán directamente del gobierno de la Federación.
En dicho artÃculo se establece una excepción —en cuanto a la pertenencia a la Federación— respecto a aquellas islas sobre las que los estados habÃan ejercido jurisdicción antes de la reforma de 1917.
La Corte dijo que la excepción a la regla contenida en el artÃculo 48 constitucional no es aplicable a Quintana Roo, porque al momento de la expedición de dicha reforma no era un estado del paÃs.
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